Puede que sea coincidencia o puede que no, pero justo cuando el anunciado fin del rescate económico y la salida del bono basura según las agencias calificadoras, Irlanda comienza a escenificar los juicios a los banqueros que ponen cara la crisis que ha azotado el país con contundencia en los últimos años.
Son tres los altos cargos de la entidad Anglo Irish Bank que se sientan en el banquillo de los acusados bajo cargos de fraude en lo que promete ser de hecho uno de los procesos legales más importantes de la historia del país, además de un precedente muy interesante a nivel internacional del reflejo de los excesos de la banca en las economías sustentadas en el ladrillo.
El proceso se inicia contra el antiguo director ejecutivo de la entidad Sean FitzPatrick así como otros dos altos cargos de la entidad que, recordemos, tuvo que ser nacionalizada tras colapsar en 2009 suponiendo un rescate inicial superior a los 30.000 millones de euros.
En total los tres acusados se enfrentan a cerca de una veintena de cargos por “prestación ilegal de asistencia financiera” por un importe superior a los 450 millones de euros cuyo objeto sería realizar una revalorización fraudulenta de la entidad; se enfrentan en principio todos los acusados a penas de cárcel en el entorno de los cinco años.
El juicio, cuyos datos son mastodónticos (800 testigos y 24 millones de documentos) cobra también especial relevancia si se tiene en cuenta la presencia, dentro del grupo beneficiado por la financiación ilegal de la que se acusa a los banqueros, de hasta seis parientes directos del que pasaba por ser el hombre más rico de Irlanda, Sean Quinn, quién ahora, se declara en bancarrota y elude la reclamación de 3.000 millones de euros por parte del Anglo.
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